Ambientalistas cumplen dos semanas de protesta contra una mina de oro en Costa Rica

San José, 22 oct (EFE).- Un grupo de ambientalistas, tres de ellos en huelga de hambre, cumplió hoy dos semanas de protesta frente a la Casa Presidencial de Costa Rica contra el proyecto de minería de oro a cielo abierto Las Crucitas, en el norte del país.
"Nos mantenemos aquí hasta que la salud nos lo permita o hasta que la presidenta Laura Chinchilla derogue el decreto de conveniencia nacional" firmado en 2008 a favor de la mina, declaró a Efe David Rojas, uno de los activistas en huelga de hambre.
La protesta tiene como objetivo "sensibilizar" a Chinchilla para que derogue un decreto firmado en 2008 por su antecesor en la Presidencia, Óscar Arias, que declaró la mina como de "conveniencia nacional", lo que agilizó una serie de permisos.
Los manifestantes se reunieron hoy con el vicepresidente del país, Alfio Piva, quien les reiteró la posición del Gobierno de respetar lo que se decida sobre la legalidad de la mina en un juicio que está en curso en el Tribunal Contencioso Administrativo y que mantiene paralizadas las obras de construcción de la mina.
Por su parte, Chinchilla indicó en un comunicado que no expondrá al país a una demanda internacional que podría interponérsele si anula el contrato a la empresa minera Industrias Infinito, de la casa matriz canadiense Vanessa Ventures.
"Si bien considero que el desarrollo futuro de nuestro país debe alejarse de las industrias de tipo extractivo y apostar más bien a actividades (...) amigables con el medio ambiente, también debo velar por la seguridad jurídica y no exponer al Estado a demandas en instancias internacionales que afecten nuestro desarrollo y nuestras finanzas pública", expresó la mandataria.
Instalados en tiendas de acampar adornadas con pancartas en contra de la minería, tres ambientalistas, de los 14 que iniciaron la huelga de hambre, prosiguen su protesta frente a la Casa Presidencial ingiriendo únicamente líquidos.
Los manifestantes han dicho que derogar el decreto es "responsabilidad política" de la mandataria y de la "ética del Gobierno".
La minera pretende extraer 700.000 onzas de oro (19,8 toneladas) en 10 años, valoradas en unos 800 millones de dólares.
Los ambientalistas afirman que la mina destruirá hábitats de especies en peligro de extinción y que existe el riesgo de contaminación de mantos acuíferos con el cianuro utilizado para extraer oro de las rocas.

Por su lado, la empresa asegura que ofrecerá empleo en una zona pobre del país, que reforestará cientos de hectáreas de terrenos y que utilizará las prácticas más modernas de una "minería verde".